Lo estamos consiguiendo!!!

Por fin los poderes se están achantando, vean esta noticia y comprenderán de que les hablo:

El movimiento contra los desahucios y los abucheos a la Policía cuando intentaban identificar a un inmigrante en Lavapiés preocupan a los poderes públicos. Mientras el Gobierno regional usa al 15-M y a sus herederos para atacar al Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Delegación del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia tratan de mantener su actividad sin crear más situaciones de conflicto.

Pese a que el campamento de protesta de la Puerta del Sol se levantó hace más de dos semanas, sus consecuencias siguen viéndose en la calle. Actualmente, hasta cuatro colectivos (uno de ellos el movimiento pro vida y antiabortista Derecho a Vivir) permanecen instalados en la Puerta del Sol. Al mismo tiempo, y recogiendo el espíritu de las multitudinarias protestas ciudadanas del pasado mes de mayo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos han conseguido impedir casi una decena de desalojos de personas que no podían seguir pagando su hipoteca, el último de ellos, este jueves en Leganés. El enfrentamiento verbal entre un centenar de vecinos de Lavapiés y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el miércoles ha terminado de prender la mecha. La retención de un ciudadano inmigrante que se quería colar en el metro, confundida con una de las tantas redadas de identificación de inmigrantes que la Policía Nacional hace a ojos vista pero niega llevar a cabo, ha terminado de rebasar lo que las instituciones tradicionales consideran los límites del orden establecido.

Así lo cree el Gobierno de Esperanza Aguirre, para quien el ministro del Interior y responsable de la seguridad ciudadana, Alfredo Pérez Rubalcaba, está consintiendo una "inaceptable" vulneración de la ley. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, denunciaba este jueves que es "inadmisible" que Rubalcaba "no ejerza la responsabilidad que le corresponde y exija que se cumplan las resoluciones judiciales y las leyes". Esta dejación, argumentaba, ha provocado pérdidas a los comerciantes por no desmantelar la acampada de Sol; ha supuesto, también, que las ejecuciones de desahucio dictadas por la Justicia no se estén cumpliendo. “Insistimos en exigir que se cumpla con la ley. Si no, esto va a irse de las manos. La sensación es que cualquiera puede hacer lo que sea y esto es gravísimo y lo contrario de lo que necesita un Estado de Derecho", zanjaba González. El vicepresidente no se marchó sin dejar entrever que Rubalcaba no quiere actuar para no manchar su imagen como próximo candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

Horas antes de pronunciarse estas palabras era un órgano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que ponía el problema sobre la mesa. Francisco Javier Vieira, presidente del mismo, llamaba a "buscar mecanismos" para que las órdenes de desahucio se ejecuten. Este miércoles, el Alto Tribunal volvía a suspender uno de estos embargos por motivos de orden público. Como jurista, argumentaba Vieira, es insostenible que una resolución firme y "perfectamente motivada" no se cumpla. Otra cosa es, admitía, que los derechos de los más desfavorecidos "puedan tener una defensa y un amparo en la medida de lo posible" mediante medidas en los ámbitos político y económico.

Contención policial
La tercera protagonista en discordia es la Delegación del Gobierno en Madrid. Como representante del Estado en la Comunidad y responsable de las fuerzas de orden público, Dolores Carrión negó que las últimas actuaciones relacionadas con el movimiento 15-M supongan la instauración de una nueva legalidad en las calles. Tras las críticas lanzadas desde diversos sectores del PP -incluido el ex consejero de Justicia Francisco Granados-, Carrión recordó que la Policía Nacional "está para hacer cumplir la ley".

Esa responsabilidad, sin embargo, tiene trampa. Nada más llegar al cargo, Carrión tuvo que enfrentarse a las masivas protestas del 15-M, que un día tras otro y durante dos semanas llenaron las calles de Madrid. Carrión compartió con el ministro del Interior el criterio de no desalojar la acampada so pena de crear más problemas de los que realmente provocaban unas reivindicaciones en todo momento pacíficas. Pese a que el Gobierno de Esperanza Aguirre (cuya sede está en el edificio principal de la propia Puerta del Sol), la patronal empresarial madrileña y los comerciantes de la zona exigieron el desmantelamiento, la Delegación y el Ministerio se mantuvieron firmes. Finalmente, la acampada de Sol se desmanteló por sí misma. Ahora Carrión tiene encima de la mesa el problema de los desahucios, pero el criterio de la prudencia se sigue imponiendo. Sobre el incidente de Lavapiés, la delegada defendió que los agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional actuaron "con inteligencia y prudencia". Además, cuestionó que fuesen integrantes del 15-M quienes estuvieron detrás de la protesta: "A ver si ahora, cada vez que haya un incidente en la calle se va a atribuir al 15-M".

Así pues, las relaciones entre las muestras de indignación ciudadana y la actuación de los poderes públicos se mantienen en un equilibrio que los protagonistas principales prefieren extender. La no violencia y la resistencia pacífica es el arma que han adoptado los indignados para oponerse a lo que consideran injusticias sociales y económicas. Las fuerzas de seguridad, de momento, se mantienen a la expectativa para garantizar el orden mientras la política se ajusta a la nueva situación. Que esta se alargue o no dependerá de cuánto dure la indignación y su capacidad de movilización.

Por fin el 15M está obteniendo resultados, por fin los poderes se están planteando que aqui pasa algo, esperemos que esto siga por el buen camino.