viernes, 29 de julio de 2011

Esto es discrimincación y lo demás es tonteria

Bueno, como oyen, hoy les traigo una noticia que demuestra la discriminación de la policia hacia cualquier persona por sus vestimentas, además en la noticia tambien se habla del documento entregado al congreso con las quejas de los pueblos recogidas en las marchas indignadas.

Los policías que desde el domingo custodiaban los accesos al Congreso de los Diputados tenían claro su objetivo: mantener alejados a los indignados de las Cortes. A falta de un cartel identificativo, los agentes decidieron guiarse por la vestimenta. Señor con maletín, sí; joven con rastas, no. Los miembros del 15-M lo sabían y, tras chocarse numerosas veces con la negativa policial, decidieron pasar por el aro para alcanzar su objetivo. Entraron en una tienda con su ropa de siempre y salieron vestidos de gala. Eso fue suficiente para colarse en el Parlamento.
A bordo de un taxi, cinco miembros de la asamblea de Barcelona del 15-M atravesaron a primera hora de la mañana de anteayer la plaza de las Cortes. "Vamos al hotel Palace", dijeron a un agente que les preguntó. El atuendo no desmerecía: pantalones de pinzas, zapatos de cordones y camisas almidonadas, ellos; vestidos, blusas y bailarinas, ellas. Ya en las Cortes se identificaron como miembros del 15-M y, para su sorpresa, nadie les puso ni un reparo para entregar en el registro de la Cámara el documento del Movimiento. Los indignados han recogido en siete páginas los problemas que les han transmitido en los pueblos de toda España durante la marcha popular que ha cruzado la Península durante más de un mes y que llegó a Madrid el pasado fin de semana. La asamblea estuvo reunida hasta las cinco de la madrugada de ayer para consensuar la nota, en la que denuncian la corrupción y la falta de democracia, la privatización y precariedad de los servicios públicos o el problema de la vivienda y el empleo.
Uno de los ujieres del Congreso pidió a los cinco engalanados que esperaran hasta que los diputados entraran en la Cámara y que solo uno entregara el documento. Mientras sus señorías tomaban asiento en sus escaños para asistir al Pleno, los cinco enviados especiales del Movimiento se fueron a tomar un café. Al final de la calle, sus compañeros esperaban noticias. Una veintena de vallas metálicas rodeaba a las tres tiendas de campaña y a los cerca de 70 indignados que zarandeaban el documento ante la mirada de los agentes.
Con los diputados en el Salón de Plenos, las puertas del Parlamento se abrieron para Borena, de 35 años y de Barcelona. Ella fue la elegida para entregar el texto. Atravesó los pasillos acompañada por el bedel y en el registro le estamparon el cuño de entrada. Además de las reclamaciones, incluyó una pregunta sobre la legalidad de la actuación policial a la hora de distinguir a la gente en función de la "vestimenta, apariencia o ideología política". Desde el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta la mesa y la diputación permanente recibirán el escrito.
El grupo bajó la calle casi al trote, llegó al corralito en el que estaban sus compañeros y los chicos empuñaron el documento sellado como un trofeo. Todo el mundo empezó a saltar y a abrazarse. Borena, que hizo a pie toda la marcha entre Barcelona y Madrid, estaba satisfecha: "Lo que queríamos era hacer llegar la voz de los pueblos, este trabajo está hecho, nos vamos a casa". Y así fue. Alguien sacó una escoba y un recogedor para barrer el suelo, otros desmontaron las tiendas y a los agentes no les quedó más remedio que retirar las vallas. Triunfantes, los indignados se alejaron del Congreso y enfilaron el paseo del Prado para reunirse con el resto de acampados. Pero la tranquilidad duró poco.
"¡Asamblea urgente, asamblea rápida!", gritaron por el megáfono. Un centenar de personas se sentó en el suelo, vigilados por la policía. Tenían solo unos minutos para decidir si también le entregaban el documento al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para que este lo leyera en el Pleno. Según los indignados, fue una iniciativa de IU, pero fuentes del partido aseguraron después que fueron los indignados quienes se pusieron en contacto con ellos. Entre los asamblearios no fue fácil llegar a un consenso, algunos se negaban a que se pudiera relacionar el Movimiento con un partido político. "Que no nos representan", repetían. Pero se impuso la idea de que Llamazares solo sería utilizado como un instrumento para que la "voz del pueblo se oyera en el Congreso". Una mayoría de manos se alzó para validar la propuesta y el grupo de los cinco "bien vestidos" echaron a correr hacia las Cortes.
Un portavoz de IU recogió el documento, introdujo a los jóvenes en el Parlamento y los invitó a seguir la sesión plenaria por televisión. Cuando le tocó a Llamazares intervenir ante la Cámara, este siguió las condiciones de los indignados: "Yo soy solo un cartero", dijo el diputado, que añadió que ya había hecho llegar el texto a Zapatero.
Para acabar, un grupo quiso leer el manifiesto "entre los leones del Congreso", pero la policía les impidió el paso. Presionaron leyendo de uno en uno, y hasta en 10 ocasiones y en lenguaje de signos, el artículo 19 de la Constitución, que dice que "los españoles tienen derecho (...) a circular por el territorio nacional". La policía no cedió, y un agente les retó a que "siguieran aprendiendo" con la Ley Orgánica 1/92, de "protección de la seguridad ciudadana", bajo la que se amparaban para cerrarles el acceso.
De vuelta al Prado, los cinco engalanados seguían con sus ropas nuevas. Algunos de sus compañeros ni los reconocían: "Tío, qué guapo estás". Su truco había dado resultado para ir, pero les quedaba la vuelta y parecía aún más difícil: querían devolver la ropa. Ellas llevaban las etiquetas por dentro y ellos, los pantalones remangados. "No me pises los zapatos, que a ver si no me los cambian", decía uno. Pijos, sí, pero solo para cruzar cordones policiales a las puertas del Congreso.

El texto entregado en Las Cortes

01. Incumplimientos. Piden un hospital y construyen un circuito de alta velocidad

Las promesas electorales no se cumplen. En Alcañiz (Teruel), se ha prometido durante las últimas tres legislaturas la construcción de un hospital comarcal. Pero del proyecto no hay ni rastro. Lo que sí se ha construido es Motorland, un circuito de coches y motos de competición. También las promesas de austeridad se las lleva el viento. En Nava del Rey (Valladolid), denuncian los indignados, el alcalde se subió el sueldo un 238%, y en La Gineta (Albacete), el regidor cobra 1.500 euros al mes por sólo ocho horas semanales de dedicación al cargo.

02. Especulación. Pueblos con gigantescas urbanizaciones y aeropuertos sin aviones

En Calafell (Tarragona), según constatan los indignados en su documento, se ha levantado la urbanización más grande de Europa, ya que en verano el pueblo pasa de 24.000 habitantes a más de 120.000. Los caminantes también han recogido los casos de infraestructuras que han dejado de ser "rentables por no ponerlas en funcionamiento o, simplemente, por dejarlas inacabadas". Citan el ejemplo de La Carolina, en Jaén, donde se cedió el terreno para levantar un hospital que no se llegó a edificar. O la Casa de la Juventud de San Rafael (Segovia), construida desde hace dos años pero que sigue en desuso. Y recuerdan el aeropuerto de Castellón, un empeño del expresidente de la Diputación Carlos Fabra, que costó 140 millones de euros y ni tiene ni aviones ni permiso de vuelo. Como concesión "fraudulenta", apuntan la del peaje del túnel de Guadarrama, que debía ser liberado en 2012 y que se ha prorrogado 50 años más, "bajo la sanción de la UE".

03. Agricultura. Fertilizantes radiactivos y plusvalías en los precios

Los indignados hacen suya una queja histórica de los agricultores: el incremento de los precios por culpa de los intermediarios y la cadena de distribución. En Valdealgorfa (Teruel), por ejemplo, se paga al campesino 2 euros por kilo de almendras, y luego se vende al consumidor a 20 €/kg en las grandes superficies. En Alatoz (Albacete) el agricultor recibe 20 céntimos por el kilo de naranjas, y en San Clemente (Albacete) se paga la hora de recogida del ajo a dos euros. También denuncian el uso de los transgénicos, "algunos de ellos ilegales", la "imposición" de regadíos en zonas de secano o el uso de productos químicos, muchos contaminantes. Sucede en Lebrija (Sevilla): allí se promovió "el uso de fosfoyesos para fertilizar las tierras de cultivo", y luego se demostró que "contenían uranio radiactivo" que contaminó las cosechas de la zona e influyó a Cádiz y Huelva.

04. Servicios públicos. Urgencias a más de tres horas en ambulancia

El documento fotografía el deterioro de los servicios públicos en buena parte de España. Hay servicios de urgencias a más de tres horas en ambulancia; ausencia de pediatras en poblaciones con niños; escasez de médicos; cierre de escuelas por la exigencia de un mínimo de alumnos; privatización de centros educativos; recorte del gasto en cultura (en La Mata de los Olmos, Teruel, no hay ni un solo equipamiento cultural)... En transportes, las cosas no están mejor: se ven carreteras en mal estado, han desaparecido trenes regionales por la preferencia del AVE, hay calvas en servicio telefónico e internet...

05. Medio ambiente. Macrovertederos y cementerios nucleares en zonas sísmicas

En el catálogo de quejas ambientales de los indignados, destacan la mala gestión de los residuos -como el macrovertedero RCIR de Alcalá de Henares (Madrid)-, la mala conservación de las zonas verdes por parte de la Administración o el apoyo a la construcción de plantas y cementerios nucleares (ATC) "de forma forzada y corrupta". Citan el caso de Zarra (Valencia), donde se quiere construir un ATC "en un terreno con actividad sísmica" media, pese a las protestas vecinales. En La Robla (León) "ha aumentado la mortalidad por cáncer" por una cementera y una central térmica. Los caminantes critican la especulación con el agua (en Madrid, Esperanza Aguirre persiste en su idea de privatizar el Canal de Isabel II) o los trasvases con fines lucrativos.

06. Empleo, vivienda. Facilidad en los ERE, desahucios crecientes

Los indignados constatan la "excesiva facilidad en los despidos y la concesión de ERE" y ponen el ejemplo de Castel de Cabra (Teruel), donde se cerraron las minas que daban trabajo a mil personas, a las que no se dio una alternativa solvente de empleo. Cargan asimismo contra el "favoritismo" hacia las grandes compañías, en lugar de a las pymes; los precios "prohibitivos" de la vivienda; los "crecientes desahucios"; el abandono de las zonas rurales o polígonos industriales sin ninguna actividad empresarial.

En fin, gran actuación por parte de nuestros compañeros y de Llamazares, y a ver si se os canta menos el plumero, polis.

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